La fiscalía que interviene en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido en enero de 2020 en la puerta de un boliche de la localidad de Villa Gesell, acusó hoy a los ocho rugbiers imputados de ponerse "de acuerdo para darle muerte" al joven, al atacarlo "por sorpresa" aprovechando "que se encontraba conversando en la vereda, distraído".

Por su parte, uno de los abogados que representan a los padres del joven de 18 asesinado reclamó una pena de prisión perpetua para los rugbiers, a quienes acusó de cometer "una cacería humana", mientras que la defensa de los acusados solicitó la suspensión de juicio al considerar que no se respetaron las garantías constitucionales de los imputados durante la instrucción de la causa.

El primero en exponer los lineamientos de la acusación en el inicio del debate a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC1) de Dolores fue el fiscal Juan Manuel Dávila, quien responsabilizó a los rugbiers de Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) del asesinato de Báez Sosa y los consideró coautores del "homcidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" y "lesiones leves", en el caso de los amigos de Fernando, también atacados en la puerta del boliche "Le Brique" la madrugada del 18 de enero de 2020.

"Lo atacaron por sorpresa (…) aprovechando que el mismo estaba de espalda, provocando que caiga" y lo siguieron "golpeando incluso cuando ya se encontraba prácticamente inconsciente, causándole lesiones que le provocaron la muerte", sostuvo Dávila.

Tras el alegato del Ministerio Público Fiscal, el abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de la víctima como particular damnificado, expresó que "los acusados tomaron la decisión de matar y mataron".

"Vamos a demostrar que los acusados tendieron esa noche sobre Fernando Báez Sosa un verdadero cerco humano" para poder actuar "sin riesgos" para asegurar que "su víctima, su presa" no iba a poder evitarlo "ni contar con ayuda".

Tras ese primer golpe, "se desató una carnicería humana solo concebida en la decisión de quienes agredían", sostuvo.

Antes de cerrar sus argumentos, Burlando adelantó que solicitará la pena de prisión perpetua para los ocho acusados, quienes se encuentran presentes en la sala de audiencias de la Cámara de Apelaciones de Dolores, siguiendo de cerca la apertura del debate, sentados en el banquillo con sus rostros con tapabocas y custodiados por una docena de agentas del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El último de exponer sus argumentos ante el TOC 1 fue el defensor de los rugbiers, Hugo Tomei, quien pidió suspender el juicio por considerar que durante la instrucción de la causa se violaron las garantías constitucionales de sus asistidos.

"Se les negó la posibilidad de defenderse", "no hay condena que pueda ser válida si el proceso no sigue los procesos de la constitución", manifestó el defensor, quien además cuestionó los dichos de Burlando, al considerar que los detenidos ya fueron condenados públicamente.

El debate, previsto para las 9, se inició alrededor de las 10 y en la audiencia se encuentran presentes los familiares y allegados de los acusados y de la víctima que no fueron convocados a declarar como testigos.

Tras la exposición del defensor Tomei, quien realizó sus cuestionamientos al proceso de pie frente a los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, está previsto que declaren como testigos los padres de Fernando, María Graciela Sosa y Silvino Báez.

Esta mañana, antes de ingresar a los tribunales de Dolores, Graciela dijo que su vida y la de su esposo "son un calvario" y que espera "cadena perpetua para todos" los acusados, ya que su hijo "está encerrado en un ataúd, y eso es como si fuera una cadena perpetua"

Los rugbiers fueron trasladados esta mañana desde el penal de Dolores, ubicado en Riobamba al 200, hasta la sede de los tribunales, situada a 10 cuadras, en Belgrano 141, custodiados por una veintena de agentes del SPB y de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE).

Todos ellos llegan a juicio con prisión preventiva y permanecerán durante los 22 días previstos para el proceso en la cárcel de Dolores, adonde fueron trasladados en la madrugada del domingo desde la Alcaidía 3 del penal bonaerense de Melchor Romero, donde cumplen su encierro.