Desde principios de 2024, el Gobierno de Santa Fe ha intensificado los controles en depósitos, chatarrerías y desarmaderos, con el objetivo de prevenir la sustracción de automotores, autopartes y materiales no ferrosos. A lo largo de estos nueve meses, se realizaron 49 clausuras en todo el territorio provincial, destacándose la incautación de 1.200 toneladas de material.

El Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a través de la Secretaría de Gestión de Registros, ha liderado esta campaña de inspección. Según el balance presentado, los controles han permitido desarticular varios eslabones de la cadena delictiva que afecta tanto a la población como al medio ambiente. “Los controles están dando resultados positivos, permitiendo desarticular distintos eslabones de la cadena delictiva que implica estos ilícitos”, afirmaron desde la Secretaría.

Entre enero y septiembre de 2024, se llevaron a cabo 49 inspecciones. Como resultado, todas las chatarrerías y desarmaderos inspeccionados fueron clausurados. Además, se incautaron y, junto con y un total de .

Entre los objetos secuestrados se encontraban elementos de gran valor histórico y cultural, como placas de cementerio, crucifijos, medidores de agua y gas, picaportes, cables de electricidad e incluso ataúdes. En un caso destacado, en Venado Tuerto, la Justicia decomisó por completo una chatarrería, poniendo todo su contenido a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), que se encargó de compactar los materiales encontrados.

Impacto en las denuncias al 911

Las tareas de control y sanción han generado un impacto positivo en la disminución de denuncias por delitos relacionados con la sustracción de estos materiales. Comparando las cifras de enero a agosto de 2024, en la ciudad de Rosario se registró una reducción del 76,34% en las llamadas al 911 por este tipo de ilícitos, mientras que en la ciudad de Santa Fe la disminución fue del 80,38%.

Objetivos y políticas activas

Las compactaciones realizadas forman parte de las políticas activas que la Provincia está llevando adelante para combatir la venta ilegal de materiales cuyo origen no se puede justificar. Los resultados evidencian que estas acciones permiten no solo controlar el comercio ilegal, sino también rastrear la procedencia de los elementos.

Estas cifras también subrayan la eficacia de los mecanismos de denuncia habilitados por la provincia, que están siendo utilizados cada vez más por la población. Además, los controles se complementan con tareas de difusión para garantizar el funcionamiento correcto de los comercios que se dedican a la venta de materiales usados. De este modo, se busca contribuir a una política estatal que preserva la seguridad jurídica y protege el derecho de propiedad de los ciudadanos.