La justicia de la ciudad de Rosario hizo lugar, de manera parcial, a una demanda que encabezó una sociedad con sede en nuestra ciudad por cumplimiento de contrato. El acusado es un escribano que tendrán que pagar a los inversionistas un suma elevada en dólares en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

Según informa el sitio 'Versión Rosario', en el 2009 le entregaron al escribano Diego Fernando García distintas sumas de dinero en dólares, vinculándose contractualmente dentro del marco legal que tipifica el contrato real de depósito. Las víctimas aseguraron que el profesional los instó a concretar estos actos porque se estaba elaborando un proyecto de inversión, mediante la forma de fideicomiso.

El objeto de la sociedad era la adquisición del dominio fiduciario y loteo de una fracción de terreno de más de 99 hectáreas, ubicados en la zona rural de la localidad de Fúnes. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, todo según el mismo medio de comunicación, recibieron una carta documento remitida en representación de Grupo Lands S.A., administradora fiduciaria del Fideicomiso Funes Town.

En la misma se les comunicaba que el primero de diciembre debían efectivizar el pago del monto comprometido y pendiente, a efectos de formalizar la adhesión como fiduciantes. Sin embargo, no hubo tal adhesión y la cuestión se judicializó con la representación de los abogados Alberto Romano, Juan Manuel Zeppa y Damian Moriconi.

Pese a que el notario declaró que no era cierto que los hubiera instado a concertar el acto, sino que lo hicieron por su propia voluntad, el falló que se conoció hoy fue en su contra. 

En la resolución el juez en lo civil y comercial, Marcelo Quiroga, se puntualizó que “no puede soslayarse que el propio notario demandado, quien ha confeccionado los instrumentos que formalizaron la relación, ha utilizado en los mismos la palabra “depósito” y “depositario”, debiendo descartarse ignorancia, dada su especial calidad profesional, en los efectos jurídicos que implica esa calificación”.

La sentencia, que se encuentra apelada, fue informada al Colegio de Escribanos de la segunda circunscripción. Por lo pronto, se obliga a García abonar una suma que asciende a más de 320 mil dólares.