El Ministerio Público Extrapenal es un área dependiente de la Procuración santafesina presidida por Jorge Barraguirre que busca velar por la defensa de los intereses ciudadanos que quedan por fuera del derecho penal.

En nuestra provincia, y particularmente en el Gran Rosario, Barraguirre logró dotar a este ministerio de un protocolo de actuación para tomar parte en litigios ambientales.

Tarea iniciada “hace ya unos cuatro o cinco años”, el procurador resaltó en diálogo con Santa Fe Plus el rol que logró adoptar nuestra Justicia en la materia.

“Vemos que está rindiendo bien, hay una buena coordinación. Hasta tal punto que estamos trabajando en un desarrollo de protocolos nacionales uniformes”, comentó el Procurador General.

“Lo virtuoso es que podemos funcionar cooperativa y coordinadamente con otras instituciones. Buscamos sacarle el jugo a lo existente. Por ejemplo, trabajar con universidades, el Conicet y el Cosejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina”, añadió.

También repasó las tareas realizadas para dotar de mayor transparencia y calidad a su gestión, como la incorporación de certificaciones ISO en agunas áreas.

“Nuestro compromiso es ampliar y mejorar nuestras funciones sin solicitar cargos nuevos”, señaló sobre los desafíos a futuro.

—¿Qué es el Ministerio Público Extrapenal y cómo trabaja en materia ambiental?

—Tiene la función de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, pero además de los intereses generales de la sociedad.

Dado que esa es la función histórica que desarrollaron los ministerios públicos, en combinación con una serie de normas adicionales, hemos abierto desde hace cuatro o cinco años una serie de actuaciones en materia de litigación ambiental.

Por ejemplo, empezamos de la mano de otras normas particulares del Código Civil y Comercial, específicamente, el artículo 1712 que establece que “para determinadas acciones preventivas, la legitimación es muy amplia para todo aquel que presente un interés razonable en la prevención del daño”. Y uno de los campos o dominios sociojurídicos donde el interés prevalente es la prevención del daño, y no la reparación, es el Derecho Ambiental.

Para interponer esta acción preventiva lo puede hacer quien acredite un interés razonable.

Entonces entre la función general e histórica consagrada en el artículo 120 de la Constitución Nacional y la legitimación, es decir, esa autorización que te da para demandar el Código Civil y Comercial en el artículo en 1712, para la acción preventiva del 1711, comenzamos a desarrollar o a tratar de darle carta de ciudadanía a esta acción preventiva de daños en materia ambiental.

—¿Como por ejemplo?

—Después se fue como complejizando el tipo de actuación. Pero en principio tomamos dos o tres líneas como instanciador o iniciador de acciones en pos de la protección del medio ambiente.

Una de estas primeras acciones preventivas fue en Rosario, si usted quiere, más micro, buscando evitar daños a un colegio por acopio indebido de combustibles en una especie de planta logística de transporte que tenía sus surtidores ahí. Con la acción preventiva de daños empezamos a iniciar ese tipo de causas.

Los mismo con la formación de microbasulares a cielo abierto. Hicimos una acción en relación a terrenos aledaños a la autopista Santa Fe-Rosario en la jurisdicción de Granadero Baigorria.

Otra estaba destinada a impedir o neutralizar el volcamiento de efluente sin tratamientos en toda la cuenta del Saladillo.

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También se realizó un amparo de cese para establecer las zonas de “amortiguamiento” para las fumigaciones con fitosanitarios.

Y hay otra línea de actuación que ya no tiene que ver con las acciones que instamos sino en la que actuamos como coactores. Hay dos o tres casos muy interesantes. En Sunchales, donde se litigó por un microbasural a cielo abierto; en Rafaela también se quizo disminuir la las zonas agronómicas y terminamos interviniendo en favor de los actores; y hubo otra ley 10.000, que creo que es la primera gran demanda estructural en términos medioambientales de la provincia, donde un ONG con algunos particulares y legisladores habían solicitado el establecimiento de una especie de veda automática cuando el río disminuye de determinada altura.

Con el Fiscal de Cámaras nos movimos en este caso para incorporar otro objeto litigioso —porque una de las particularidades del conflicto medioambiental es que puede mutar—: movernos en dirección a contemplar una solución estructural como la puesta en marcha del Comité de Reconversión Pesquera.

—¿Qué opina de este último tema? Un reciente fallo sentó un importante precedente para la provincia…

—Lo interesante es que hicimos mutar el pleito: apoyamos a las ONG y a los particulares que estaban litigando, pero además vimos que había que darles como una vuelta de tuerca para que estos problemas sean contemplados. Se buscó activar y respetar la propia institucionalidad del río.

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También había una normativa específica relacionada a la reconversión de sus industrias, y eso es lo que no estaba funcionando.

—¿Qué tipos de temas trabajan y cómo los escogen?

—La agenda nuestra tiene tres fuentes básicas de información: una es estar atento a la información periodística, la circulación de información.

Otra fuente de información es la que brindan las propias fiscalías, con los limitados alcances que tienen. A veces algún tipo de inspección propia o a veces algún tipo de anoticiamiento que se le efectúa.

Y después, para la Segunda Circunscripción Judicial, que es donde mayores fortalezas tenemos —gracias a la fiscal María Laura Martínez y su pequeño equipo de trabajo—, creamos una Comisión de Asesoramiento para la Protección Ambiental, C.A.P.A., como comúnmente la llamamos.

Tenemos un convenio multilateral con el Concejo Deliberante y con la Universidad Nacional de Rosario que nos permite financiar los requerimientos periciales o expertos para el desarrollo de cada litigación.

—¿Cuentan con todas las herramientas para trabajar adecuadamente?

—La institucionalidad está. Lo ideal a lo mejor sería tener un cuerpo de peritos que en su momento hubo dos iniciativas legislativas (de los diputados Henn, primero, y Bastía, despúes) que recogieron nuestra inquietud; pero lo virtuoso es que podamos funcionar de manera cooperativa y coordinada con otras instituciones. Buscamos sacarle el jugo a lo existente.

Vemos que está rindiendo bien, hay una buena coordinación. Hasta tal punto se da este vínculo, que estamos trabajando en un desarrollo nacional uniforme. Hace poquito tuvimos una reunión en La Pampa sobre Ambiente, Ciencia y Justicia, donde el compromiso fue elaborar ciertos protocolos o manuales de actuación, ciertas guías que sean comunes y que permitan un desarrollo básico uniforme.

La idea es que esta institucionalidad coordinada vaya produciendo determinados documentos, por ejemplo, en temas de biodicadores. Si uno quiere, por ejemplo, trazar una línea de base para saber si un determinado.curso de agua presenta algún grado de contaminación o no, se toman determinados biondicadores que revelan el estado de salud de un curso de agua.

Y también estamos trabajando en un protocolo único para pericias ambientales.

—¿Notan un mayor interés por su trabajo y la justicia ambiental en general? 

—Estamos viendo que cobra una visibilidad que hace cuatro o cinco años no tenía. Hay cierta percepción sobre lo que hace el Ministerio Público Extrapenal. La labor de esta Comisión Asesora que trabaja en la Segunda Circunscripción cada vez está más visibilizada y va cobrando un respeto y una especie de activo reputacional que la hace muy confiable.

Sirve para ganar confianza, para que los afectados se acerquen, y después está en el arte de presentar un determinado conflicto en términos de que la Judicatura pueda resolver favorablemente las pretensiones del Ministerio Público.

Por ejemplo en en la jurisdicción de San Lorenzo se presentó una acción judicial contra la comuna de Timbúes por los daños producidos al corredor biológico de la autopista. Lo bueno es que tenemos un Ministerio Público ya entrenado en estos temas y se consiguió una reacción muy rápida del fiscal de San Lorenzo, casi en simultáneo con un pedido de informes que se presentó en la Cámara de Diputados.

Se acompañó también a los Amigos del río Carcaraña, una ONG que había denunciado estos hechos en los medios de prensa. Así logramos generar legitimación del propio Poder Judicial como una institución capaz de acoger una preocupación ambiental. Creo que los resultados están razonablemente a la vista.

Y sin ninguna megaestructura, sino aprovechando y sabiendo maximizar el aparato institucional que esa misma sociedad y la misma gente pone en nuestras manos.

Es darle eficacia, de manera eficiente y siendo efectivos. Y si somos efectivos, podremos expandirnos.

—Pero además entiendo que trabajan en base a normas de calidad ISO: ¿cómo es eso?

—Desde hace unos cinco años comenzamos a certificar normas ISO. Es decir tratar de contar con un sistema de gestión de calidad. Son tres oficinas las que están sistemáticamente monitoreadas y estamos a la espera de poder lanzarlo para todas las Defensorías. La Procuración tiene multifunciones y no es fácil a veces.

Hace poquito volvimos a hacer la la auditoría de seguimiento y tenemos el certificado de calidad hasta 2025. Hubo comentarios favorables de los auditores externos como por ejemplo el compromiso demostrado por los actores del sistema y de la alta dirección o el liderazgo, que son básicamente la Procuración y las Defensorías.

En esa área está trabajando fuertemente la doctora de Lucca, defensora general de Cámara de Rosario y Venado Tuerto, .

—¿Hay posibilidades de que se replique en nuestra ciudad?

—Estamos viendo como expandir ese sistema de gestión al ámbito de la ciudad de Santa Fe. Por ejemplo, hay también otros desarrollos  acerca de cómo ampliar nuestras funciones, nuestros cometidos constitucionales, sin ampliar las estructuras, sin solicitar cargos nuevos. En este sentido, en Rosario estamos ampliando la cobertura de las defensorías barriales con la Municipalidad llevándola a los lugares donde las siete Defensorías zonales que tenemos (seis en la ciudad y una en Villa Gobernador Gálvez) no llegaban. Lo ideal sería hacerlo también en Santa Fe

Acá en Santa Fe estamos en tratativas con los consultorios de la Facultad de Derecho de la UNL y del Colegio de Abogados. Respecto de la Municipalidad, estamos esperando que la actual conducción electa se asiente como para poder ofrecer el servicio. Lo único que necesitamos es un local.

—¿Cuáles son las deudas que hoy están teniendo como Procuración?

—Lo que más nos hace falta es expandirnos a toda la geografía provincial. Pegar ese salto de calidad.

Estamos tratando de generar algunas otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el establecimiento de pautas de rendimiento razonables.

Eso ya lo hicimos en su momento, en 2015 y 2016, cuando establecimos una serie de indicadores que nos permitió verificar el desempeño cualitativo de las fiscalías -que nunca antes se había hecho-.  Queríamos tener una lectura cualitativa de las estadísticas acerca del rendimiento de nuestras fiscalías.

Y poder expandir el sistema de gestión de calidad, así como las fiscalías ambientales. También reforzar donde sea necesario la fiscalías pro consumidor. Esos son los los déficits más notorios que tenemos como Ministerio Público Extrapenal.

Además en las dos oficinas de atención a las víctimas de violencia de género de Santa Fe y Rosario nos están faltando llenar cargos que nos gustaría cubrir con recursos propios. Porque al no haber equipos interdisciplinarios, se dificulta el examen del nivel de riesgo que presenta la víctima y también el seguimiento de las medidas adoptadas por los tribunales de familia.

—¿Está conforme con el trabajo que vienen realizando?

—Somos una pequeña organización administrativa dentro del Poder Judicial, muy pequeña, que además tiene otras tareas donde siempre nos hemos desenvuelto adecuadamente.

Son muchas áreas: las defensorías civiles, las fiscalías extrapenales, la función como Procuración Fiscal Electoral en el Tribunal de la provincia, la función que uno cumple en materia de opiniones legales que se elevan a la Corte… hay tiene tantas áreas y tantas aristas que a veces se dificulta el empuje sistémico, la profundidad o la intensidad de cambio que esto requiere.

Pero en materia de opiniones legales o dictámenes, que son los que produce la Procuración, nosotros cambiamos radicalmente porque pasamos de analizar simplemente la admisibilidad formal a analizar la admisibilidad sustantivas de cada uno de los recursos.

Era imposible mantener, en pleno siglo 21 y después de 160 años de los ministerios públicos en la República Argentina, que nosotros nos dediquemos a analizar simplemente el cumplimiento de requisitos puramente formales, sin brindar una mínima visión constitucional de la controversia.

Hoy un desafío pendiente es trabajar en el dominio de la Justicia Juvenil Restaruativa.

Creo que todos estos cambios que hemos ido impulsando contaron con el respaldo y el tremendo compromiso de todo el personal, que es muy pequeño, pero trabaja con enorme intensidad. Todos. Y no mentiría si dijera que les debo muchísimo. Y en especial, a las Dras. Pfeiffer y Neurman.

—¿Tiene miedo de que los rumores de cambio en la Corte lo alcance?

—Me parece que uno no debería dejarse llevar por rumores o versiones.

De todos modos, más allá de la inamovilidad que uno tiene, y de lo sensible y delicado que es el tema (diría que es uno de los más, en términos institucionales, por los valores constitucionales en juego), creo que tenemos que tener la sabiduría suficiente para plantearnos siempre cómo estamos cumpliendo nuestro rol de servidores públicos