El Gobierno nacional oficializó este lunes la "emergencia del sector energético nacional" hasta el 31 de diciembre de 2024, y dispuso el inicio del proceso de revisión tarifaria con el mismo plazo. En tanto, en Santa Fe, la Empresa Provincial de la Energía (EPE), avisó que aplicará un incremento tarifario que alcanzaría el 10% para los consumos domiciliarios del mes de enero.

La medida, que había sido anunciada este domingo, se formalizó con la publicación en la edición del Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia 55/2023, en el que se sostiene que existe "una efectiva situación de emergencia que debe ser reconocida y así declarada".

El gobernador Maximiliano Pullaro había revelado durante su intervención en la Legislatura que la distribuidora eléctrica ha estado enfrentando un retraso deliberado en sus tarifas y ha estado registrando déficits financieros mensuales desde octubre.

Los números muestran que en septiembre, la EPE acumuló un déficit operativo de 8.000 millones de pesos, y se prevé que para marzo esta cifra se eleve a 30.000 millones de pesos. Un informe detallado en manos de la secretaria de Energía, Verónica Geese, sugiere que la EPE podría mejorar parcialmente su situación financiera con el aumento tarifario que la administración Perotti decidió postergar.

El decreto nacional estipula que "habiendo evaluado la situación en que recibe el sistema energético y las condiciones que se proyectan a futuro, resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el suministro", destaca el texto en sus considerandos.

En consecuencia, el DNU declara en su artículo 1 "la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural".

La declaración de emergencia y las acciones que de ella deriven "tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024", según sostiene el DNU firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los demás ministros.

El artículo 2 instruye a la Secretaría de Energía que disponga el programa de acciones necesarias para "la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios".

En ese sentido, determina a través del artículo 3 el "inicio de la revisión tarifaria" correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de "transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural", y establece que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes "no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024".

En el DNU también se dispone la intervención del ENRE y del Enargas, a partir del 1 de enero de 2024 y la designación de los miembros del Directorio que resulten de un proceso de selección previsto en el mismo DNU.