El Consejo de Ministros peruano aprobó la ley de castración química para violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres. Esta medida fue anunciada tras hacerse conocido el caso de una niña de 3 años víctima de secuestro y abuso sexual en la ciudad de Chiclayo, al norte del país.

La indignación y rabia de miles de ciudadanos que salieron este a las calles de Lima y otras ciudades para pedir justicia para la menor habria la polemica. El arrestado fue acusado de los delitos de "violación sexual" y "secuestro en agravio".

Peluches y juguetes acompañaban a pancartas que pedían la pena perpetua para el agresor, pero también se escucharon mensajes que reclamaban la pena de muerte (abolida en Perú en 1979).

Para el Presidente Pedro Castillo aplicar “mano dura y medidas más severas contra los depravados”, es una manera de contribuir con la implementación de políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia. En ese sentido, la castración química “reduciría el líbido y la actividad sexual” en los agresores para sancionar y prevenir".