Tal como estaba previsto, este miércoles a media mañana se llevó adelante la audiencia pública para tratar el probable aumento en la tarifa del servicio de agua potable. Encuentro que fue propiciado por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios y que contó no sólo con la exposición de las autoridades de Aguas Santafesinas, sino de numerosos actores de la política y sociedad civil. 

Marisa Gallina, actual vicepresidente de ASSA, fue la principal voz de la empresa provincial que pide un revisión del cuadro tarifario. Quien expresó: “La última revisión tarifaria reconoció los incrementos en la estructura de costos sobre la base de los estados contables del año 2018. Además de la pandemia tuvimos la bajante extraordinaria de río y esto nos obligó a atender con inversiones y gastos de emergencia conjuntamente con el Estado Provincial". Vale aclarar que Hugo Morzán, máximo referente de la empresa, se ausentó por cuestiones de salud.

A su tiempo, también se explayó el gerente de Comunicación, Guillermo Lanfranco. De hecho fue quien desarrolló los fundamentos de Aguas para solicitar la modificación tarifaria. Basándose, sobre todo, en los cambios observados en la estructura de costos por los incrementos de precios, producto de la inflación y el tipo de cambio. 

Además, Lanfranco argumentó que 2021, el 46% de los gastos operativos fueron cubiertos por aportes del Tesoro Provincial, cuando la media histórica es de alrededor del 25%. Y de continuar esta tendencia, en 2022 podría trepar al 70%. Con lo que los usuarios y usuarias sólo estarían aportaron el 30% del costo del servicio.

Finalmente, ASSA adujo que la suba que proponen sólo implicaría una actualización bimestral de 1600 pesos para el 75% de los usuarios residenciales del servicio de agua potable y cloacas. En tanto que un 5% del total del espectro podría ver facturas por encima de los 3000 pesos de aumento.

Por supuesto que la postura de Aguas no fue tan bien recibida por la mayoría de los participantes de la audiencia que se desarrolló de manera virtual. Legisladores y legisladoras, representantes de organizaciones sociales, defensa de consumidor y vecinales, además de usuarios en general, pusieron reparos al respecto.

El Defensor del Pueblo, Jorge Henn, no sólo fue lapidario con su oposición, sino que aseguró que el servicio que presta la empresa "es muy malo". A su vez, el diputado provincial, Carlos del Frade opinó que si la audiencia fue vinculante, no debería producirse ningún tipo de aumento.