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En el Dia del Jubilado, muchos en la región no encuentran motivos para festejar. En la Justicia Federal avanza la causa que investiga e involucra a autoridades del Pami a nivel nacional y a funcionarios de Arteaga. La diputada nacional, Alicia Ciciliani, es una de las personas que ya prestó declaración testimonial en Comodoro Py.

El problema se generó con la baja de un contrato de servicios que cubría a afiliados de la obra social en el Sanatorio Primordial de Casilda. Esas cápitas fueron derivadas al Samco de Arteaga, lugar que no contaba con el equipamiento técnico y médico necesario para afrontar dicha tarea. “No me atrevo a decir que haya un delito. Eso lo determinará la Justicia. Pero es obvia la irresponsabilidad del deber de funcionario público. No midieron el impacto que esto podía tener sobre el bienestar de muchos jubilados”, dijo Ciciliani esta mañana en comunicación con Radio Casilda.

Lo concreto es que la investigación sigue su curso y está bajo la órbita del juez Sebastián Casanello. En los últimos días se habría citado a indagatoria a autoridades y allegados al Samco arteaguense.

El fiscal Guillermo Marijuán decidió actuar de oficio ante las informaciones que se vertieron en distintos medios de comunicación. Incluso la misma diputada afirmó que existen otros casos similares dentro de la región. “Los efectores de los policlínicos del Pami 1 y 2 de Rosario se están viendo desbordados por la atención a los jubilados que llegan desde Capitán Bermúdez. Esto deja a las claras el desequilibrio del sistema”, remarcó.

A la espera de que la causa avance y los responsables tengan que dar explicaciones, Ciciliani insistió en la necesidad de descentralizar el Pami para mejorar el servicio. De todas maneras, luego de un diálogo que mantuvo con el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, cree que no hay demasiada voluntad de cambiar el sentido de la cara. A su juicio, los recursos existen, pero están mal administrados.