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“Incumplimiento de los deberes de autoridad” es lo que se le imputó al ex jefe de la Alcaidía de la Unidad Regional IV de Casilda, quien está sospechado de ser quien otorgó la libertad a un preso dos años antes de cumplir condena. Tal como estaba programada, la audiencia imputativa se desarrolló este miércoles en Rosario, donde el ex funcionario policial estuvo presente pero se negó a declarar.

Hecha la imputación por parte de la justicia, ahora se espera el descargo de la defensa para luego aguardar a saber si la imputación pasa a ser acusación o existe una salida alternativa al juicio. El plazo para la presentación de las pruebas de su defensa es de aproximadamente de 15 días hábiles.

Días atrás, la fiscal Karina Bartocci, titular de la Fiscalía de Violencia y Corrupción Institucional del Ministerio Público de la Acusación, había explicado que en principio las pruebas recabadas dan cuenta del “delito de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Es un delito que arranca con penas de un mínimo de un mes. En apremios las penas pueden llegar a un máximo de seis años. Hay que ver las evidencias”.

La insólita liberación del convicto dos años antes de su condena (diciembre de 2017) fue descubierta a fines de mayo de este año a raíz de una denuncia por violencia de género radicada en la Comisaría de la Mujer de Casilda. El apuntado en la denuncia era quien debería haber estado tras las rejas en la Jefatura policial. 

Entonces intervino el Ministerio Público de la Acusación, que investigó la situación y descubrió que se trataba de un delincuente soltado por error, y en consecuencia libró inmediatamente la orden de detención, que se hizo efectiva a los pocos días cuando lo encontraron en cercanías de un hotel de la ciudad.

El hasta ese momento jefe de la Alcaidía de Casilda fue apartado de su cargo y el caso recaló en la Fiscalía de la doctora Bartocci.