En el marco de la causa penal que investiga un dudoso convenio entre el Pami y el Samco de la localidad santafesina de Arteaga este jueves Policía Federal llevó a cabo un allanamiento en el centro de salud de esa comuna ubicada a 130 kilómetros de Rosario, donde se habría recolectado material de importancia para la investigación.

Cabe recordar que a instancias del fiscal Guillermo Marijuan, quien decidió actuar de oficio, se abrió una investigación en la Justicia Federal a cargo del juez Sebastián Casanello para investigar la situación de Arteaga. Este jueves, pasadas las 13, los efectivos llegaron al lugar en un auto blanco (no utilizaron patrullero) y se llevaron al menos dos computadoras y varias cajas. 

La investigación apunta a determinar la responsabilidad de autoridades y funcionarios que implementaron el cambio de sistema del Pami. Es que se dieron de baja los contratos de las prestaciones de prácticas complejas que el Pami tercerizaba en Casilda, donde se atendían dos mil jubilados de Arteaga y San José de la Esquina desde hace más de 20 años, y el jefe comunal de Arteaga, Sergio Protti, un ex arquero de Rosario Central, fue señalado como el artífice de la transferencia de las cápitas del Pami a un Samco (centro de asistencia primaria) de esa localidad. El punto clave es que ese centro de salud no cuenta con la infraestructura necesaria para atender la demanda por lo que los pacientes, quienes debían movilizarse kilómetros para poder obtener las prestaciones que necesitaban, con las lógicas complicaciones que acarrean los traslados en personas mayores con problemas de salud.  

Si bien Protti salió a despegarse del tema, el director del Samco cuestionado es Julián Scarinchi, quien ocupa el segundo lugar de la lista del jefe comunal, que aspira a ser reelecto en su puesto en octubre. Incluso, la secretaria privada del mandatario fue en su momento presidenta de la comisión del Samco. Trascendió que el contrato firmado entre Pami y el Samco de Arteaga rondaría los 6 millones de pesos y son muchos los que se preguntan cuál fue el destino de ese dinero y si existen rendiciones oficiales que justifiquen esa cifra.

El allanamiento se da en el marco de una investigación que, según trascendidos, marcha a buen ritmo.La diputada nacional Alicia Ciciliani, una de las que hizo pública la situación, fue citada a declarar y abundó en detalles sobre lo que ocurre no solo en Arteaga, sino también se replica en muchas otras localidades del sur santafesino. "La investigación de la justicia penal sigue avanzando para ver la responsabilidad de funcionarios públicos que toman decisiones administrativas que pueden ocasionar perjuicios y afectar la salud de los abuelos", celebró. "Los funcionarios tienen que saber que hagan lo que hagan se los está mirando", reforzó. 

Rosario no está ajena a esta situación. Desde hace más de dos meses que la prestación en algunos centros de salud locales está al borde del colapso por una “avalancha” de jubilados que dejaron de recibir cobertura en algunas localidades vecinas.

En las primeras horas de la tarde, vecinos arteaguenses movilizados por el poco habitual movimiento en la zona, compartieron imágenes del allanamiento en las redes sociales.