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El Senado de la Provincia de Santa Fe aprobó, de forma unánime, el pedido de "investigación urgente" e intervención del Samco de Arteaga, atentos a la investigación que la justicia federal lleva adelante para determinar si se registraron irregularidades en la firma del convenio entre ese centro de salud y el Pami, que habría puesto en riesgo la salud de los jubilados de la zona. 

"Atento a los graves hechos denunciados y que son de público conocimiento, por el presente proyecto de comunicación se solicita al Ejecutivo Provincial la urgente investigación del acuerdo suscripto entre el Pami y el Samco de Arteaga, y en caso de que correspondiera la remoción de sus autoridades y la intervención del mismo, dado que de comprobarse el delito investigado, no solo se ha dejado sin la cobertura necesaria a más de dos mil beneficiarios, sino que se sospecha que un jubilado recientemente fallecido estaría hoy con vida si hubiera recibido la atención médica necesaria", reza el texto del proyecto de comunicación que habían presentado los legisladores.

A instancias del fiscal Guillermo Marijuan, quien decidió actuar de oficio, se abrió una investigación en la Justicia Federal a cargo del juez Sebastián Casanello para determinar la responsabilidad de autoridades y funcionarios que implementaron el cambio de sistema del Pami. La olla se destapó el Arteaga, donde se dieron de baja los contratos de las prestaciones de prácticas complejas que el Pami tercerizaba en Casilda, donde se atendían dos mil jubilados de esa localidad y San José de la Esquina desde hace más de 20 años. 

El jefe comunal de Arteaga, Sergio Protti, un ex arquero de Rosario Central, fue señalado como el artífice de la transferencia de las cápitas del Pami a un Samco (centro de asistencia primaria) de esa localidad. La acusación es que el Samco recibía pagos sin prestar los servicios médicos, porque no estaba equipado para prácticas complejas que se comprometió a atender.

Si bien Protti salió a despegarse del tema, el director del Samco cuestionado es Julián Scarinchi, quien ocupa el segundo lugar de la lista del jefe comunal, que aspira a ser reelecto en su puesto en octubre. Incluso, la secretaria privada del mandatario fue en su momento presidenta de la comisión del Samco. Trascendió que el contrato firmado entre Pami y el Samco de Arteaga rondaría los 6 millones de pesos y son muchos los que se preguntan cuál fue el destino de ese dinero y si existen rendiciones oficiales que justifiquen esa cifra.

La diputada nacional por el socialismo, Alicia Ciciliani, fue una de las primeras en denunciar públicamente lo que ocurría: "Tratan de ahorrar en cápitas. Buscan efectores más baratos. En forma irresponsable hicieron un contrato con un lugar que posee una infraestructura que no estaba preparada. En el Samco se entusiasmaron por el contrato de Pami, por la plata que le puede entrar al efector, pero cuando van los abuelos no los pueden atender. Es una gran irresponsabilidad", fustigó la legisladora socialista. Para ella, hay clara "responsabilidad política" en lo ocurrido. 

“Lo de Arteaga es un escándalo”, dijo por su parte el diputado provincial Joaquín Blanco (Frente Progresista) al tiempo que indicó que “los problemas siguen”. El legislador advirtió que lo que sucedió en Arteaga “lo venimos denunciando desde hace bastante tiempo”, y puntualizó que hasta los propios jubilados venían advirtiendo la anómala situación. “El servicio estaba resentido, era muy malo, deterioraba lo que estaban acostumbrados los jubilados a recibir”, agregó.

En el marco de la causa penal que investiga el dudoso convenio entre el Pami y el Samco de Arteaga, Policía Federal llevó a cabo un allanamiento en el centro de salud de esa comunidad, donde se habría recolectado material de importancia para la investigación.