Un "endeble" control político de las fuerzas "favorece" la proliferación de armas ilegales

Gustavo Schnidrig

"El estado de situación con el que se encontró la actual gestión del área en materia de inteligencia criminal constituye un panorama cuando menos desolador." La sentencia, firmada en octubre de 2020 por la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego (Apvaf), hace referencia al "endeble" sistema institucional de seguridad pública y policial que viene favoreciendo desde hace largos años la proliferación de armas de fuego ilegales, principalmente, en los barrios populares del Gran Santa Fe y del Gran Rosario.

La cita de apertura corresponde al tercer y último tomo del informe de aquel organismo que fue creado en 2019 con el afán de tener un mayor control político sobre la materia, de la que poco y nada se sabe. O mejor dicho: donde la poca información disponible suele estar elaborada por la propia policía y de forma precaria.

Fue creada en 2019, a partir del decreto 92/19, con Marcelo Sain como ministro de Seguridad. Según pudo constatar Santa Fe Plus, el organismo trabajó siempre bajo los mismas premisas, aunque la asunción de Jorge Rimoldi añadiría un asterisco de duda dado el poco tiempo que lleva al mando de la cartera ministerial y por "su pasado castrense".

Por lo pronto y ante la consulta de este medio, prefirieron no hablar sobre el tema.

Un pantallazo

¿De qué trata la política provincial en materia de armas y qué dice la Apvaf sobre el uso que de ellas hacen las fuerzas? Los documentos citados hacían una profunda crítica "estructural" sobre los modos en que los diferentes gobiernos auditaron y gestionaron las armas oficiales.

Planteaban cuatro "indicadores y evidencias de la endeble supervisión estatal": el robo o pérdida de armas oficiales, los usos y costumbres en la asignación y control de las municiones, la falta de control de las armas judicializadas y una ignorancia general (cuando no contradicciones) sobre el stock oficial de armas de fuego empleadas.

"La violencia armada en la provincia de Santa Fe como dinámica virulenta tiene relación directa con la actual proliferación de armas y municiones derivada de circuitos ilegales, y entender los mecanismos de la progresión geométrica de esta problemática se convierte en una de las principales preocupaciones de autoridades políticas y judiciales", explicaban y planteaban la necesidad de "iniciar un debate social y político sobre la modernización y el cambio institucional" de las fuerzas.

En igual sintonía, el Observatorio de Seguridad Pública provincial alertaba en su último informe anual de secuestro de armas de fuego que "la violencia armada se fue instaurando como una dinámica frecuente de resolución de conflictos y como una problemática social grave que se enlaza directamente con la proliferación de armas y municiones que alimentan los circuitos ilegales".

En números

Haciendo una triangulación de los datos aportados por las 19 unidades regionales de la provincia, las 13 direcciones generales, el Instituto de Seguridad Pública y la Armería Central del Departamento Logística en Santa Fe, la Apvaf llegaba a las siguientes conclusiones:

a) Robo o pérdida de armas oficiales

La policía de la provincia perdía  o le robaban un arma de fuego oficial cada cuatro días: según el Registro Provincial de Armas (Repar), entre 2014 y 2019 fueron sustraídas (o extraviadas) 502 armas cortas y largas, incluidas las faltantes en arsenales policiales.

b) Asignación y control de las municiones

El informe de consumos y stock de la Dirección General de Fabricaciones Militares, firmado por director del Departamento Logística, constató que el 19 de abril de 2018 recibieron un millón de municiones nueve milímetros, pero en septiembre de 2020 solo quedaban 102.118.

Es decir, se gastaron 897.882 municiones calibre 9x19mm en el lapso de 28 meses, entre abril de 2018 y septiembre de 2020, lo que da cuenta de un consumo promedio de 1.068 municiones oficiales por día.

c) Falta de control de armas judicializadas

La Apvaf exponía aquí serias irregularidades compartidas entre la Agencia de Investigación Criminal (dependiente del Ministerio de Seguridad) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Según explicaban, "la Dirección Criminalística realiza las pericias de las armas y municiones que han sido secuestradas en el marco de la Investigación Penal Preparatoria. Luego de la entrega del resultado del peritaje, el Ministerio Público de la Acusación es el responsable de trasladarlo al depósito judicial."

Pero no obstante y pese a ello, la Apvaf detectaba que "las oficinas de balística operan de hecho como grandes depósitos de armas de fuego judicializadas. De esta forma, a inicios de gestión se encontraron miles de elementos (llamados “efectos” en la jerga policial) indebidamente resguardados, y que durante años carecieron de registración".

Se trataba de 22.500 "efectos balísticos", compuesto por 2.250 armas de fuego y 19 mil municiones. Si a este número se le añaden las "3.174 armas de fuego desperdigadas en las armerías policiales", se concluye que para mayo de 2020 se contaban 5420 armas de fuego "apiñadas en dependencias policiales, sin registro ni resguardo adecuado".

"Esta situación configura una práctica habitual en el universo policial-judicial y constituiría una de las principales bocas de provisión de armas al mercado ilegal", completaban. También destacaban el incumplimiento de la Resolución 305/17, por parte del MPA y el Ministerio de Seguridad, que lleva a que "un número importante de las armas de fuego y municiones secuestradas" no cuenten con un Código Único de Identificación Judicial.

d) Stock oficial de armas empleadas

Por último, la Apvaf destacaba las "incongruencias contables respecto de la cantidad real de armas" en manos de la policía: "El Departamento de Logística (D.4) de la policía provincial registra un total de 18.772 armas cortas y largas asignadas, mientras que, según lo informado por cada una de las Unidades Regionales y policías especiales, se contabilizan un total de 17.455 armas cortas y largas asignadas en estas dependencias", explicaban.

Esta diferencia de 1317 armas demostraba que "el propio Estado no sabe a ciencia cierta qué cantidad de armas de fuego tiene bajo su poder ni tampoco el estado general de las mismas".

"Prácticamente nunca se llevaron a cabo registros, investigaciones o estudios sobre delitos vinculados con armas de fuego, robos y extravíos por parte del personal policial, y secuestros judiciales. Así, se observa con claridad por qué a los mercados ilegales en Argentina 'los rodea un manto de desconocimiento", planteaba la Apvaf.

Y concluía: "Hasta el día de hoy, toda la información sobre la incautación de armas de fuego se acumula irracionalmente en ámbitos estancos, y demás está decir que jamás existió triangulación de datos entre los distintos organismos del Estado".

"Al día de la fecha no hay forma de conocer efectivamente dónde ocurrió el enfrentamiento y cómo se justifica este gasto, más que por la constancia de la cantidad de disparos efectuados que asiente el personal que hizo uso de las municiones", apuntaban.

Deficiencias estructurales

La Apvaf completaba su informe señalando el problema que representan las "lagunas, incongruencias y anacronismos" de la legislación (tanto a nivel general como interna) que favorecen la presencia de "arsenales policiales vetustos e improvisados" así como una general "falta de adecuación tecnológica" que promovía "un sistema anacrónico" en lo referido al control de las armas de fuego en la provincia.

Alertaban así la "ausencia general de normativa" para controlar el uso la circulación de armas de fuego en la provincia. Se señalaba que si bien la Ley 12.521 de Personal Policial de la Provincia de Santa Fe "estableció un procedimiento de investigación de faltas con un tribunal independiente de la jefatura policial, éste nunca fue integrado efectivamente".

Por el contrario, observaban que "la indagación sobre los robos de armas oficiales se realiza según el procedimiento fijado en el Reglamento para sumarios administrativos de la Policía de la Provincia de Santa Fe, aprobado en 1977 mediante el Decreto N° 4.055".

Así concluían que tal delegación en la política de gestión y administración de las armas de fuego suponía un problema en tanto promovería un "pacto político-policial que invalida la vocación de sometimiento a la conducción civil de la fuerza y obstaculiza el proceso de modernización policial".

Una razonable desconfianza

El dato cada vez más patente de que los barrios con más homicidios son aquellos donde la calidad de vida es más baja basta para comprender que la violencia armada no se justifica en conductas "anómalas" o que "rebasan la norma".

Muy por el contrario, la docente e investigadora rosarina Eugenia Cozzi planteó en su tesis de maestría (publicada en 2013) que la "violencia altamente lesiva" registrada en los barrios populares del Gran Santa Fe encuentra su justificación "plenamente social" en cierta dinámica de "exclusión-inclusión" que sufren muchos de los jóvenes expuestos a "la miseria de las alternativas" para satisfacer las demandas socioculturales de la vida cotidiana.

"La vida barrial se caracteriza por la falta de presencia sostenida en el tiempo de políticas estatales y la mayoría de las instituciones están fuera del barrio. Tanto los centros de salud cercanos, como las escuelas primarias, secundarias, las instituciones de desarrollo social y la comisaría, se encuentran a varias cuadras del barrio", comienza a explicar la criminóloga sobre su trabajo realizado en dos barrios del cordón noroeste de nuestra ciudad.

Así, y "en momentos en donde se celebraba la diversidad de opciones para 'armarse' las identidades —continúa—, estos jóvenes encuentran dificultades para acceder a alternativas tradicionales de construcción de identidad (...y) las pocas opciones laborales disponibles para estos jóvenes aparecían también como poco seductoras, mal remuneradas y opresivas".

Y completa: "En este contexto inclusión/exclusión, bulímico, aparecen de forma muy marcada las  dificultades para muchos jóvenes de construir identidad a partir de las instituciones tradicionales (trabajo, familia, clase social, género) [...] No construyen sistemas alternativos sino que están fuertemente involucrados con los valores 'dominantes' y es precisamente esto lo que genera tensiones."

Frente a tal panorama, Cozzi observa que "estos jóvenes 'confrontan' su crisis de identidad, de autovaloración, a través de estos usos de la violencia letal y horizontal. Es decir, la participación en estas actividades les permite a los jovenes construir o reforzar vínculos, hacer amigos", apreciación que realiza destacando que esa identidad "violenta" nunca es única y excluyente en cada personalidad.

Pero además, Cozzi recuerda que para muchos jóvenes "el contacto más cotidiano con las instituciones estatales está dado por sus interacciones con la policía", relación que se inscribe principalmente en la "desconfianza" inscripta en una dinámica (socialmente avalada) donde el efectivo de seguridad aparece vinculado no sólo a "posibilidades de complicidad (con algún tipo de delito) sino a malos tratos e inoperancia".

"Los residentes de estos barrios, al igual que los jóvenes, relataban prácticas violentas y humillantes por partes de funcionarios policiales al intervenir en estas situaciones o simplemente la ausencia o tardanza en las mismas", explica la investigadora.

Haciendo la salvedad de que "el policía raso por lo general también sufre" (el estudio de Cozzi profundiza en idéntido sentido), desde la Apvaf reconocen que tal estado de situación y la falta de herramientas para un control político adecuado son el caldo de cultivo ideal para la proliferación del mercado ilegal de armas de fuego.

Comprar un fierro: una práctica con más de 10 años

En noviembre de 2012, Cozzi observó en su trabajo de campo cómo "en un momento determinado también se acrecentó en forma muy marcada la circulación y accesibilidad de armas de fuego en el barrio y en la ciudad".

Uno de los entrevistados "relataba con precisión:

—Ahora sí, te puedo asegurar que hay muchas [armas de fuego] en la calle, ahora sí es fácil conseguirla, antes no. Antes era un quilombo para conseguir armas. Nosotros las armas que teníamos eran robadas, teníamos una banda [muchas] de armas, pero la mayoría de todas eran todas robadas, a la policía, en las casas, otras eran compradas pero teníamos que andar por todos lados para conseguir armas, porque no da para meterte en cualquier lado, donde vos vas tenés que tener un conocido, y que ése conozca al que la tiene, porque sino no podés, capaz que vas, te metés en un barrio y decís quiero comprar un fierro, vas confiado, te dicen que tienen una para vender y te terminan robando, sin conocer, y así vienen los problemas de diferencias de barrios después.

—¿Ahora cómo es?

—No, ahora capaz que estás en la esquina de tu casa y saben que andás robando, vienen y te dicen «ey vos, ¿sabés que allá hay un arma para vender?» o «tengo un arma», «encontré un arma, la quiero vender porque yo no la necesito y vos que andás robando, te la puedo vender», o «tengo un amigo», y así, el negocio del arma es lo más fácil.

—¿Y las balas?

—Y las balas con más razón todavía, tenemos uno que trabaja en las fundiciones de las armas, y él nos consigue todas las armas a nosotros y las balas la hacemos comprar con gente que tiene carnet en la armería.

—¿En qué año se empezó a llenar de armas o que empezó a ser más fáciles conseguirlas?

—Del 2005 en adelante, eso debe ser por los robos a las armerías también, acá en Santa Fe no hubo muchos robos en armería, pero hubo. Antes las armas, cuando nosotros nos estábamos juntando, las armas venían de Rosario, a nosotros nos traían bolsos, un bolso, dos bolsos llenos de armas y nosotros nos comprábamos la que queríamos y así empezamos y toda la mayoría de las fierros que teníamos nosotros eran de Rosario, no sé qué maneje tenía el chanta [señor] que lo traía de allá pero lo traía y lo vendía, cada 15 días venía y nos traía.

—¿Y son caras?

—Y en ese tiempo capaz que la nueve la pagabas 500 pesos, hoy la nueve la estas pagando 2500, mínimo 2000 pesos, por más que tenga un homicidio, antes una pistola que tenga un homicidio la conseguías barata, porque sabés que el que tiene el arma se come el homicidio.”

La larga cita demuestra lo fácil que se consigue un arma en Santa Fe desde hace al menos 10 años. Hoy, cualquier pibe con un poco de "calle" maneja el dato de que un fierro ilegal, más o menos decente, cuesta poco más que una o dos canastas básicas (pueden rondar los 180 mil pesos) y se encargan en menos de cinco minutos vía Telegram.

La jerga de tales transacciones, además, muestra lo fácil que resulta acceder a un arma del Estado, ya que para ofrecerlas se suele decir que "estan pintadas" y dependiendo del color es su procedencia: si son "azules", viene de la policía; si son "verdes", de gendarmería, "que son las menos comunes, pero si pegas un AR15 o Fal más que seguro vienen de ahí". También se dice que "traen cola" cuando salieron de una comisaría pero son de secuestro:

—Si quisiera comprarlas de verdad no lleva más que un día o dos tener un arsenal en la casa —señaló un conocido en la materia ante la consulta de este medio.

"El que tiene más poder económico y el que tiene más poder de armas es el que maneja todo", agrega por su parte Esteban, expresidiario que vivió en carne propia lo hasta aquí narrado.

—¿Crees posible que se puede "escapar" de esta realidad?

—No, porque tarde o temprano te va a tocar. Te van a molestar y podés hacer las cosas mal. Ahí es donde vas a empezar a desprolijarte. A los tiros o como sea, porque uno no se va a quedar ahí parado, si te tiran dos tiros en tu casa.

—Y el que tira una vez, ya nunca podrá dejar de hacerlo porque tarde o temprano te van a ir a buscar —completa en otro relato Rosa, de Alto Verde y madre de un pibe de 21 años asesinado por una bronca, sobre el consejo que le dio hace pocos días a unos de sus nietos. Ella entiende que creciendo en el barrio, ya sea "derecho o torcido", tarde o temprano le llegará un arma a sus manos y tendrá una decisión que tomar.

—Si hasta salgo a enfrentar los tiros en las noches de disparos —cuenta jocosa pero seriamente sobre una práctica que, con la venia del calorcito, ya siente regresar.