Durante la tarde de este viernes se desarrolló la audiencia imputativa en el marco de la investigación que lleva adelante el MPA por el robo de armas de fuego en el depósito de la Policía Científica de Casilda. Tres personas, entre ellos dos empleados policiales, fueron acusadas por los hechos y la jueza Mariel Minetti les dictó medida cautelar.

La fiscal Marianela Luna presentó las imputaciones contra Iván Jesús F., Cristian P. y Brandon G.. Al primero se lo acusó de ser organizador de una asociación ilícita, a y los otros dos miembros de la misma.

Además, a Iván Jesús F. y Cristian P. se los imputa por robo agravado y violación de las responsabilidades de funcionarios públicos. Ambos se desempeñaban como empleados policiales. En tanto que la misma investigación sigue los pasos de una mujer que también integraría la banda y se encuentra actualmente prófuga.

Según pudo detallar la fiscalía, hubo una faltan de al menos 27 armas de fuegos, como así también cartuchos y otros elementos. Objetos que se guardaban en una especie de armario al cual tenía acceso Iván Jesús F.. Si bien la puerta de ese mueble tenía candado, el acusado se las habría arreglado para forzar una traba y retirar los elementos sin que nadie lo notara.

Posteriormente los trasladaba a la ciudad de Rosario para ser entregados a los otros dos acusados y la tercera que se encuentra en fuga. Hay material peritado de manera preliminar que da cuenta de los encuentros que tenía la banda desde mediados de diciembre del 2020 hasta, por lo menos, el mes de marzo de este año.

El pasado 14 de abril, cuando el jefe de la científica ordenó hacer un inventario, notaron la faltante y se destapó la olla. A la jornada siguiente, Fiscalía y Asuntos Internos se pusieron a la cabeza de la investigación.

La defensa de Iván Jesús F., a cargo de la doctora Nair Moreno, pidió cambiar la calificación a hurto agravado, dado que argumentó que no hubo violencia sobre la cerradura donde estaban las armas. En tanto que quienes representaron a Brandon G., los doctores Ruiz y Caniglia, solicitaron que su defendido debía ser juzgado por encubrimiento y no como miembro de la banda. Dado que su trabajo particular, como empleado de un frigorífico, no lo vinculaba a las fuerzas policiales.

Finalmente, la jueza Minetti hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva por el plazo de 90 días desde el momento de la detención.