Con el financiamiento de fondos propios de la Agencia de Provincial de Seguridad Vial, el objetivo del programa es disminuir los índices de siniestralidad en la bota. Las ciudades beneficiadas se presentaron a una convocatoria pública y se asignó un orden de mérito. Este viernes se concretó la entrega de los fondos de la primera etapa, los cuales ascendieron a un monto cercano a los $992.485.924. 

La APSV realizó una convocatoria pública en noviembre pasado para que los interesados presenten sus proyectos, que fueron evaluados considerándose su ajuste a las bases y condiciones requeridas, la factibilidad de su realización, calidad, impacto y otros indicadores.

Las localidades seleccionadas en esta primera etapa incluyen a muchas de la zona, como ser Pujato, Ricardone, Carcarañá, Fuentes, Roldán, Totoras, Chañar Ladeado, Murphy, San Jerónimo Sud, Las Parejas, San José de la Esquina, Correa y Máximo Paz. 

Durante la actividad, llevada a cabo en la sede de Gobierno en Rosario, el secretario General, Juan Cruz Cándido, marcó que el programa surgió por iniciativa del propio gobernador Maximiliano Pullaro. "Nuestra concepción es que los recursos están para tener como destino el crecimiento en infraestructuras, en desarrollo y en posibilidades que repercutan en el cuidado de la vida. Por eso es una buena noticia que se haya podido reactivar este programa y que hoy concretemos esta primera etapa de proyectos aprobados que van a ser financiados con recursos de la Agencia”, asumió el funcionario.

El programa de Infraestructura para la Seguridad Vial en Gobiernos Locales del Ministerio de Justicia y Seguridad tiene por objetivo el rediseño y renovación del espacio público, adaptándolo a las necesidades de movilidad de la población que habita cada localidad, a través de obras de infraestructura de bajo costo, financiadas con fondos propios de la Agencia de Provincial de Seguridad Vial.

Además, se busca mejorar la circulación vial; disminuir los índices de siniestralidad; impulsar iniciativas para la prevención y el cuidado de los ciudadanos; consolidar el trabajo en común entre los distintos estamentos del Estado y su diálogo con la sociedad civil; y visibilizar las necesidades y realidades propias de cada territorio.