En la mañana de este viernes, Ariel D’Orazio, integrante del Frente de Inquilinos Nacionales, estuvo en comunicación con Radio Casilda para charlar sobre la situación que afrontan los inquilinos en este nuevo que está comenzando.  

“Hemos pedido la prórroga del DNU N°320 que fue prorrogado en septiembre y tiene fecha hasta enero de 2021”, explicó. “El endeudamiento es muy alto y primero se necesita sacar de ese endeudamiento a los inquilinos”.

Con respecto a quienes aseguran que los congelamientos perjudican tanto a propietarios como a inquilinos, D’orazio asegura que lo dicen a partir de “Una lógica desde el mercado, lo único que les interesa es la rentabilidad y no tienen en cuenta el derecho fundamental que es acceder a una vivienda digna mediante un alquiler justo”.

Desde el espacio que integra han mantenido un diálogo sostenido con el Ministerio de Hábitat de la Nación y han elevado una nota algunas medidas fundamentales para afrontar esta problemática.

La primera medida fundamental es la extensión del DNU que declara el congelamiento de los alquileres, acompañada por la suspensión de desalojos.  Proponen también la puesta en funcionamiento de una financiación con los programas Ahora 12 y Ahora 24 a tasa 0, esto permitiría que el dueño cobre y que el inquilino pueda desendeudarse.

Exponen también la necesidad de una mediación obligatoria y gratuita para todos los conflictos de locación de inmuebles, no solo de vivienda sino de comercios. “Los comercios fueron gravemente afectados en la pandemia y es donde se registran la mayor cantidad de deudas. Gente que se ha fundido, que ha cerrado el comercio y todavía tiene una deuda que lo persigue a él y a sus garantes”, explicó D’Orazio.

Existe también la propuesta de realizar un registro de contratos de alquiler que permita saber cuántos inquilinos hay y llevar adelante un programa nacional de alquiler social para atender problemas de endeudamiento generales pero también situaciones de mujeres que son madres solteras y también jubilados y pensionados que no logran cubrir todos sus gastos y son siempre los sectores más castigados.

“Pedimos además la suspensión de hipotecas. Sacar del congelamiento las cuotas UVA es criminal. Es llevar a la ejecución hipotecaria a los deudores de créditos UVA, el Estado debe hacerse eco del reclamo de los tomadores de crédito” y continuó: “Son miles de tomadores los que verán desperdiciados sus ahorros, pagaron durante años una propiedad que finalmente se la va a terminar quedando el banco en una ejecución hipotecaria. Es un negocio que para las entidades financieras es redondo.”

“Debemos proteger al eslabón débil que claramente son las familias que han tomado este tipo de créditos, engañadas por la publicidad que llevó adelante el gobierno macrista en la gestión anterior”, enfatizó.

“Entendemos que este fin de semana vamos a tener novedades en relación a la extensión del DNU, quizás sea por un tiempo menor pero ojalá sirva para comenzar a implementar medidas”, cerró.