La ANDIS, responsable de implementar políticas públicas para proteger los derechos de las personas con discapacidad, se encuentra ahora sin presupuesto definido y ha visto cerradas sus oficinas en el interior del país. Trasladada bajo la órbita del Ministerio de Salud, esta medida ha generado preocupación debido al enfoque predominantemente médico que podría prevalecer, desviándose la integralidad de derechos que históricamente se había procurado mantener.

En medio de este contexto, la diputada santafesina Mónica Fein manifestó: “Transferir la ANDIS al Ministerio de Salud es un retroceso significativo. Se están desatendiendo aspectos cruciales como la educación, el empleo y la participación social de las personas con discapacidad”.

El desmantelamiento del Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad y el despido de 350 trabajadores, son reflejo de un panorama bastante hostil. Estas decisiones no solo afectarán los servicios directos a la comunidad, sino que también ponen en riesgo conquistas alcanzadas, como la participación activa en la toma de decisiones políticas, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Las organizaciones de personas con discapacidad han denunciado estas medidas ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Se han destacado los efectos desreguladores de decretos como el 70/23, que impactan negativamente en el acceso a la salud y la continuidad de programas esenciales como el DADSE y el Programa Incluir Salud.

Fein criticó, además, la designación del actual director de la ANDIS, señalando su falta de experiencia en el ámbito y su anterior vínculo como abogado del presidente en litigios personales. “Este gobierno prioriza el equilibrio fiscal a costa de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y continua con el desguace brutal del Estado”, refirió.