Desplazan a la jefe de fiscales de Rosario pero continuará en el territorio de Casilda
En las últimas horas, se dio a conocer la decisión tomada por María Cecilia Vranicich, cabeza del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, quien ordenó intervenir la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción y desplazó a María Eugenia Iribarren como jefa de los fiscales rosarinos. En tanto, la desplazada de uno de los territorios más álgidos de la provincia quedarán solamente a cargo de Casilda, Cañada de Gómez, Villa Constitución y San Lorenzo.
La intervención, que se conoció en el día de la fecha, durará seis meses y tendrá como fin “restaurar la cohesión interna institucional” y “reordenar los procesos de trabajo” de los fiscales. Mientras tanto, el Fiscal Matías Merlo fue designado como el interventor a cargo del proceso. Merlo cumple funciones en la jurisdicción de Venado Tuerto.
El texto de la decisión describe que esto es producto de un monitoreo llevado a cabo por personal de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, que entre septiembre y diciembre del año pasado monitorearon cómo trabajaban las tres unidades más sensibles de la Justicia rosarina: Homicidios Dolosos, la Agencia de Criminalidad Organizada y Balaceras.
La directiva en el punto 6° marca que la Dra. Maria Eugenia Iribarren -quien hasta el presente ejercía el cargo de Fiscal Regional de la Circunscripción Nº 2- “seguirá ejerciendo las funciones inherentes a su cargo en el resto de los distritos que forman parte de la circunscripción”. Es decir, fue desplazada de Rosario, pero no de “Cañada de Gómez, Casilda, Villa Constitución y San Lorenzo debiendo informar a la fiscal general cuál de estos distritos fijará como sede para funciones".
Según el artículo Nº 4, la medida empieza a regir hoy y plantea como “objetivos primarios: restaurar la cohesión interna institucional, reordenar los circuitos y procesos de trabajo de fiscales y empleados; unificar el registro de la información”.
Las tareas de investigación habrían sido ordenada por María Cecilia Vranicich luego que los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno denunciaran a su colega Matías Edery por vínculos que habría mantenido con su supuesta informante Mariana Ortigala, sospechada de ser testaferro de “Guille” Cantero, capo de la banda Los Monos. La mujer está imputada por extorsión.