Ley "1000 días": Santa Fe eligió al Padre Ignacio para aplicarla y hay rechazo

Organizaciones feministas de Rosario expresaron "profunda preocupación" y "repudio" respecto de la implementación en la provincia de la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia conocida como la ley 1000 Días. Advierten que, según lo informado por el propio gobierno santafesino, se llevará adelante mediante un convenio con la Fundación Padre Ignacio.

"Dicha ley fue una conquista de conjunto con la Legalización del Aborto en nuestro país y apunta a garantizar y acompañar las decisiones de mujeres y personas gestantes, sea lo que sea que elijan. Tal cual dice la página oficial de la provincia dicha ley se implementará según convenio con la Fundación Padre Ignacio", sostuvo en un comunicado el Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria.

Y agregaron: "Una vez más decimos: Iglesia y Estado asuntos separados! Es la institución eclesiástica la que sistemáticamente pretende disciplinar el cuerpo de las mujeres y personas gestantes y nuestras decisiones desde hace siglos. Queremos un Estado Laico, que de conjunto con las organizaciones y el movimiento feminista de mujeres y disidencias haga efectiva la ley aludida".

En este sentido, expresaron: "No confiamos en convenios ni acuerdos con espacio que sistemáticamente han negado derechos, sobre todo al colectivo de mujeres y LGBTI+. La ley de 1000 días es una ley que tiene un enfoque de género y de diversidad, cuyo cumplimiento es compromiso de una mesa interministerial donde salud es la que coordina pero están educación, género y diversidad, desarrollo social y Anses".

"Garantizar estos enfoques es responsabilidad estatal", cerró el comunicado. En tanto, desde el gobierno provincial no se han manifestado aún de manera oficial.

Médicos también se oponen

La Asociación Santafesina de Medicina General y Familiar también se involucró en la polémica y cuestionó el convenio firmado. "Las políticas de salud deben ser laicas y estar atravesadas por el enfoque de derechos humanos y las perspectivas de género y diversidad", planteó la entidad en un comunicado oficial. 

"¿Por qué un Estado laico delega en una organización religiosa la implementación de aspectos importantes de esta ley que garantiza derechos humanos? Son harto conocidas las distintas estrategias que los sectores religiosos, en particular la iglesia católica, han implementado para obstruir el avance de los derechos para las mujeres y disidencias sexogenéricas, así como su persistente posición en torno a reproducir los estereotipos de género, negar el acceso a la información en materia de derechos sexuales y reproductivos", agregaron.

El acuerdo

El convenio firmado entre el Gobierno de Santa Fe y la Fundación Padre Ignacio tiene una vigencia de 12 meses, y se plantea el objetivo de "trabajar conjuntamente en la implementación de esta ley para fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las personas gestantes, y de los niños y niñas en sus primeros tres años de vida".

Este convenio busca facilitar y promover la cooperación, complementación e intercambio entre las partes contribuyendo al desarrollo institucional, potenciando las redes vinculares, institucionales e intersectoriales y reconociendo a las mismas como espacios para el desarrollo de procesos de transformación social en el marco de aplicación de la Ley Nacional N° 27.611 de “Atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia”.

Al respecto, la ministra de Salud, Sonia Martorano, expresó que “esta ley tiene que ver con el cuidado de nuestras embarazadas, de niños y niñas en sus primeros 3 años de vida. Por eso, este acuerdo de cooperación pone en valor y trabaja con la impronta que le impone la fundación”.

“Estamos muy contentos de poder trabajar juntos en el cuidado de nuestros niños y niñas que son el futuro de nuestro país”, dijo.