Un informe coloca al MPA entre las fiscalías menos "eficaces" del país 

Redacción Santa Fe Plus

A poco de conocerse la lista de aspirantes a renovar los cargos directivos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y en el Servicio Público de la Defensa Penal, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) publicó un informe que ubicó a la Fiscalía provincial en el puesto número 13 en "eficacia para la resolución de casos" en relación a las demás fiscalías del país.  

El estudio recopiló datos de 14 de las 19 provincias argentinas (a excepción de Catamarca, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, que no contestaron), además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Fiscalía federal. A partir de su entrecruzamiento, se intentó establecer si las fiscalías de Argentina "están cumpliendo con las funciones que nuestro sistema institucional les asigna".

Así, y a partir de la elaboración de dos conceptos (Ver Puntos claves del informe) que permitieron comparar las denuncias cursadas durante 2019 en todo el país, se pudo establecer la cantidad de condenas dictadas, y si estas fueron absoluciones, sobreseimientos, acuerdos reparatorios y/o suspensiones del proceso.

En dicha línea, el Inecip concluyó que el sistema penal argentino (y el santafesino en particular) cuenta con una "ausencia absoluta de planes de persecución que establezcan objetivos cuantificables y evaluables" y con una "baja calidad de la información disponible", problema que se refuerza con "aún más bajos niveles de publicidad".

El Inecip está dirigido por el especialista en derecho penal, Alberto Binder, uno de los autores intelectuales e impulsores del Ministerio Público de la Acusación (MPA), órgano judicial independiente encargado de las investigaciones penales de los delitos.

Binder fue asesor en la gestión de Hermes Binner y trabajó además junto al exministro de Seguridad, Daniel Cuenca, en la creación del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA. Una silla clave que, años más tarde, se convertiría en el último bastión de Marcelo Saín antes de ser expulsado por un juicio político que Binder siempre repudió.

Puntos claves del informe 

El informe del Inecip fue publicado como un "estudio aproximativo". Por eso, se señaló la necesidad de tomarlo como "un primer paso necesario para mejorar el funcionamiento de estas organizaciones": "Cuenta con limitaciones que sólo podrán ser superadas con un mayor desarrollo de la investigación", explicaron.

También alertaron sobre la "necesidad" de que cada dependencia fiscal "genere metodologías precisas de producción de información y de supervisión y evaluación de desempeño".

"Hoy por hoy, resulta imposible realizar una medición integral en virtud de la escasa información disponible sobre los Ministerios Públicos. Por ese motivo, esta investigación buscó ser un primer intento de evaluación de la eficacia institucional de esas organizaciones", afirmaron.

Para evaluar los datos obtenidos elaboraron los siguientes conceptos:

a) Tasa básica de eficacia político-criminal

La "incidencia" en lo político criminal se establece en base a las resoluciones judiciales adoptadas: si el proceso derivó en una condena, en una suspensión condicional del proceso y/o en acuerdos reparatorios.

En el caso de Santa Fe, la tasa de eficacia político-criminal fue del 2,76% (con 4. 671 condenas sobre 258.598 denuncias), ubicándolo en la posición 13ª sobre 20 dependencias analizadas.

b) Tasa básica de eficacia general

Busca establecer si los Ministerios Públicos, "como actores de la gestión de la conflictividad social, lograron darle algún tipo de respuesta, aunque sea de mínima calidad, a los conflictos que ingresaron a las fiscalías".

Las cinco "salidas de calidad" de una investigación son: condenas, absoluciones, sobreseimientos, suspensiones condicionales del proceso y/o acuerdos reparatorios.

Santa Fe contabilizó un total de 7.805 salidas (sobre 258.598 denuncias), contando 4.671 condenas, 40 absoluciones, 620 sobreseimientos, 253 suspensiones del proceso y 2.221 acuerdos reparatorios.

El Inecip aclaró: "Se debe hacer notar que la tasa que producimos no siempre indica un desempeño adecuado de las Fiscalías. En muchas de ellas, el aumento del porcentaje se debe al alto número de sobreseimientos, que si bien es una respuesta, puede responder a la tradicional práctica de sobreseer casos que nunca debieron haber entrado al sistema, o que no tuvieron un tratamiento interno adecuado, o que fueron cerrados por el mero transcurso del tiempo."

Déficit estadístico

Entre las conclusiones más importantes a las que llegó el informe del Inecip, se destacó que "la mayoría de los Ministerios Públicos no sólo no publican información básica que permita evaluar su eficacia –lo cual ya es, de por sí, un problema en una organización pública-, sino que ni siquiera la producen".

Sobre este punto, y recordando que la producción de información "es un deber de las fiscalías para garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública", se señaló de forma tajante que "los sistemas de información que utilizan los Ministerio Públicos son muy toscos y no se utilizan ni siquiera para conocer los logros de la organización, no digamos sus fracasos y deficiencias".

No obstante, alertaron que esta falta de información "no puede ser utilizada como excusa para evadir la preocupación por el desempeño institucional de los Ministerios Públicos".

"Como se observa, aún con la limitada información disponible, es posible comenzar a construir parámetros básicos de evaluación que permitan orientar la actuación de las fiscalías hacia resultados acordes a las altas responsabilidades institucionales de estos organismos", se apuntó.

Y en términos generales, se resumió:

- Los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina no están siendo eficaces en el cumplimiento de sus funciones básicas.

- Es imprescindible una planificación estratégica, que requiere la fijación de objetivos.

"Sólo así los Ministerios Públicos podrán orientar su actuación de un modo que les permita cumplir con sus funciones elementales", completó el Inecip.

Ante la consulta realizada al fiscal general Jorge Baclini y al fiscal regional Carlos Arietti (aspirante a ocupar la silla de Baclini), sobre los resultados del informe, ambos prefirieron no brindar testimonio a este medio.