La discusión sobre el pago de la deuda histórica de Nación con Santa Fe por fondos detraídos no terminó con el acuerdo entre las partes y el desembolso de lo adeudado a través de bonos. Es que todavía resta saber qué porcentaje exacto les corresponde cobrar a los abogados Ricardo Gil Lavedra, Gabriel Bouzat y Carlos Rozenkrantz, contratados en su momento por la gestión de Hermes Binner para llevar adelante el caso.

Se sabe que tras 14 años de proceso judicial y a partir de un acuerdo entre el ex ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán y el gobernador Omar Perotti con la homologación de la Corte Suprema de Justicia, el Estado nacional deberá pagarle 151 mil millones de pesos a Santa Fe. Pero el trámite no termina ahí, ya que es probable que a ese monto haya que descontarle los honorarios de los estudios contratados y se estima que la cifra puede rondar los 25 mil millones de dólares.

Uno de los que puso la lupa sobre ese detalle ya en el año 2015 fue el entonces diputado provincial del PJ, Eduardo Toniolli, quien cuestionó la contratación de los letrados en cuestión y pidió un informe para que se clarifique cuánto acordaron cobrar. Durante mucho tiempo los contratos permanecieron ocultos, y durante el último año comenzaron a salir a la luz.

En diálogo con Sí 98.9, el actual diputado nacional explicó: “En 2008 (Hermes) Binner había contratado a estos dos estudios cuando en realidad la provincia tiene un equipo de trabajo que podría haberlo hecho. Decidieron comprar lobby alrededor de la figura de Lavedra y Rozenkrantz, esto va a salir un buen porcentaje de dinero, se está hablando de 25 mil millones de pesos”.

El acuerdo del Frente Progresista con Gil Lavedra para canalizar el reclamo por los fondos coparticipables se dio durante un período en el que el constitucionalista se mostraba como una de las caras visibles del radicalismo, previo a la victoria electoral de Mauricio Macri a la presidencia. La contratación incluía también a los abogados Gabriel Bouzat y Carlos Rozenkrantz (luego miembro y presidente de la Corte), titulares del estudio Bouzat-Rozenkrantz.

Otro de los conflictos tiene que ver con la modalidad de contratación de los magistrados, ya que según explican quienes lo cuestionan, un contrato de esas características debería hacerse por licitación pública y no por contratación directa, más allá de que el Estado provincial cuenta con fiscalía de Estado para proceder en ese terreno.

“Estuvieron hasta el 2015 al menos contratados para ese proceso judicial y en 2017 Rozenkrantz pidió que se regulen honorarios por 18 mil millones de pesos. El cálculo de 25 mil millones de pesos es la valuación al día de hoy. Habría que preguntarle al gobierno provincial si el acuerdo por los honorarios va a ser en efectivo siendo que la provincia va a cobrar bonos”, agregó el referente local del PJ.

Otra de las particularidades del acuerdo, tiene que ver con que en caso de que los abogados terminen cobrando, Carlos Rozenkrantz terminará recibiendo su parte, siendo que integra el tribunal que decidió sobre el fallo. Cabe hacer la salvedad de que a la hora de definir sobre el tema, se abstuvo de votar.

“Es muy cuestionable en términos éticos. Lo cuestionable en términos legales es la contratación, para un litigio que fiscalía del Estado podría haberse hecho cargo. Esto es grave para santa fe, porque hay un 20% de a torta que pueden terminar en manos de estudios, en un proceso judicial que tuvo idas y vueltas en el marco de la política”, finalizó Toniolli.

#NadieEsPerfecto - Eduardo Tonioli by Sí 989